viernes, 11 de junio de 2010

GOBERNAR CONTRA EL PUEBLO

El 9 de junio desde el Salón Sur de la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, informó a la prensa sobre la presentación de una denuncia del Ejecutivo, ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, contra la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. A la cual, acusó por: entorpecimiento de transporte, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, homicidio culposo, apología del delito, etc.
De esa forma, el funcionario dejó en claro que está dispuesto a invertir las responsabilidades y sostener cualquier premisa con tal de falsear la realidad.
Así llegó a afirmar “No podemos permitir que nadie se arrogue el derecho de desconocer un fallo internacional”, como si la Corte de Justicia con sede en La Haya, hubiese dictaminado que los Gualeguaychenses debían otorgarle licencia social a la Pastera instalada frente a sus costas. Hecho que no pudo ocurrir nunca, ya que el 4 de mayo del 2006, los Magistrados del citado tribunal recibieron una demanda de parte del Estado Argentino contra la Republica Oriental del Uruguay, a quien acusó de violar el Estatuto del Río Uruguay. En consecuencia, las acciones de la Asamblea nunca fueron juzgadas, y el fallo de la Corte Internacional no abarcó más que al tratado binacional.

No obstante, el Jefe de Gabinete insistió en que el problema es el corte y no la planta que utiliza del 89 millones de litros de agua por día, del río binacional, para devolverla sin el tratamiento libre de cloro. Y mucho menos, hizo mención al párrafo Nº 244 del fallo de La Corte Internacional Justicia, el cual hace incomprensible su resolución final. Debido a que en él puede leerse:
El Tribunal observa a este respecto que ya en 11 de febrero 2005, La Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay, en su evaluación de impacto ambiental para el Orion (Botnia) molino, tomó nota de la pesada carga de nutrientes (Fósforo y nitrógeno) en el río y declaró que:

"Esta situación ha generado la proliferación de algas frecuentes, en algunos casos con un importante grado de toxicidad como consecuencia de la proliferación de cianobacterias.
Estas proliferaciones, que en los últimos años han demostrado un incremento de la frecuencia e intensidad, constituyen un riesgo para la salud y dar lugar a importantes pérdidas económicas ya que interfieren con algunos usos del agua, tales como actividades recreativas y el suministro de Agua potable
…”

En este sentido, queda claro que el reclamo de la Asamblea de Gualeguaychú puede ser ilegal, pero nunca ilegítima. Y vale recordar otros casos de desobediencia civil, como las impulsadas por el líder hindú, Mahatma Gandhi, quien llamó a boicotear al gobierno colonial inglés, mediante huelgas y movilizaciones, violando la autoridad impuesta.
También el Premio Noble de la Paz, Martin Luther King, predicó la trasgresión pública de las leyes racistas, que estaban vigente en Los Estados Unidos.

De igual manera pensaba el defensor de los derechos afroamericanos, Malcom X, quien en enero de 1965 dijo: “…se justifica que el pueblo recurra a los medios que sean necesarios para lograr justicia donde el gobierno no les pueda dar justicia…”

Es decir, no hay motivos ni autoridad que pueda obligar a los gualeguaychenses a quedarse de brazos cruzados, mientras sustancias como dioxinas y furanos se van acumulando sobre sus costas. Y más allá que no se vislumbre la victoria, todos deben entender que no se pierde el tiempo cuando se pone el hombro a una causa, en apariencia perdida, pero justa.